Las personas defensoras de derechos humanos son todas aquellas que, individual o colectivamente, actúan para promover y procurar  la  protección y realización  de  los derechos  humanos  y las  libertades fundamentales  en los  planos  nacional e  internacional,  por medios pacíficos. Se establecen como funciones la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Menciona la aplicación de principios como igualdad y no discriminación, perspectiva de género, enfoque en interculturalidad e interseccionalidad. 

Se entenderán como funciones de promoción, protección y realización de los derechos humanos y las  libertades fundamentales, entre otras,  la  vigilancia, denuncia,  difusión y educación en derechos humanos.

El protocolo se aplicará cuando se produzca lesión o amenaza a la vida; a  la integridad  física y/o  psíquica;  a la  honra;  a la  vida  privada; a la  libertad  personal; a  la  libertad sexual;  a  la propiedad  u otro  derecho fundamental  de  una persona defensora  de derechos humanos,  siempre  que dicha lesión  o  amenaza tenga  su  causa en el ejercicio de su labor de defensa de derechos.

Cualquier persona podrá solicitar la activación del protocolo a través de un mecanismo de recepción de antecedentes a través de un portal informativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si los hechos son constitutivos de delitos se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y demás organismos públicos competentes.

Cualquier institución u organismo público podrá solicitar la activación del Protocolo mediante un formulario único que se remitirá a la secretaría ejecutiva de la Mesa de Coordinación y si los hechos son constitutivos de delitos de remitirán los antecedentes al Ministerio Público y a los organismos públicos competentes.

El Ministerio Público evaluará la adopción de medidas de protección en casos donde los hechos constituyan un delito, a favor de las personas defensoras de derechos humanos, así como de sus familiares cercanos, personas bajo su cuidado entre otros. Además, considerará la derivación a programas especializados. 

Si los hechos no constituyen un delito, se informará a la Mesa de Coordinación sobre la activación del protocolo para iniciar la aplicación de este, incluyendo la adopción de medidas de derivación y seguimiento. Estas medidas pueden incluir la comunicación con organismos autónomos de derechos humanos, solicitudes de información a organismos públicos o privados, derivación a programas de atención especializada, alerta a autoridades sectoriales competentes y cualquier otra acción considerada necesaria para brindar una atención adecuada y oportuna al caso.

La Subsecretaría  de Derechos  Humanos habilitará  un  portal digital  en  el cual  se encontrará  toda la  información  vinculada a  la  aplicación e implementación  del  Protocolo, así  como  sobre estándares  y medidas  de promoción  de  los derechos  humanos  de las  personas defensoras.

Establece la elaboración de un Informe Anual sobre la implementación del Protocolo, el cual será publicado en las plataformas web y redes institucionales de cada órgano suscriptor.

Los órganos suscriptores podrán celebrar convenios de colaboración para implementar cursos o capacitaciones interinstitucionales para la sensibilización de funcionarios/as respecto del rol de las personas defensoras de derechos humanos y las obligaciones del Protocolo.