1. Prevención de riesgos y amenazas

Este eje busca crear mecanismos de prevención de riesgos y amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos, promoviendo una mayor conciencia sobre su rol social entre el personal involucrado en la implementación de la política, el sistema educativo y la sociedad en general. Asimismo, procura contrarrestar la desinformación, la información errónea y los discursos de odio dirigidos contra los derechos humanos y las personas defensoras.

2. Protección integral

Este eje tiene por objeto desarrollar e implementar un sistema de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos, que incluya mecanismos de protección, registros estadísticos sobre ataques, protocolos de investigación y marcos de protección centrados en el reconocimiento de la dignidad humana. El enfoque integral contempla la protección física, mental, jurídica, comunitaria y familiar.

3. Acceso a la justicia y reparación digna

Este eje busca fortalecer la coordinación interinstitucional con el sector justicia para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación digna de las personas defensoras, mediante la aplicación adecuada de los estándares internacionales en la investigación, juzgamiento y sanción de las agresiones cometidas en su contra.

La política adopta la definición de persona defensora de derechos humanos conforme a los estándares internacionales, entendiendo como tal a toda persona que, individual o colectivamente, actúe o busque actuar para promover o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos local, nacional, regional o internacional.

El criterio determinante para identificar a una persona defensora es la actividad que desarrolla, con independencia de que pertenezca o no a una organización, reciba remuneración por su labor, ejerza funciones públicas o privadas, o se identifique expresamente como defensora. La política reconoce a las personas defensoras como sujetos de derechos, titulares del derecho a defender derechos humanos.

La política define las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos como todas aquellas acciones u omisiones que vulneran el derecho a defender derechos, y que tienen por objeto impedir, obstaculizar, deslegitimar o afectar su labor, así como su ámbito personal, familiar, comunitario u organizativo.

Las agresiones pueden ser cometidas por actores estatales o no estatales, con o sin aquiescencia del Estado, e incluyen violencia física, psicológica, administrativa, judicial, digital, simbólica o basada en género, entre otras.

La implementación de la Política se rige por los siguientes principios: (i) la igualdad y no discriminación, (ii) igualdad de género, (iii) perspectiva de pueblo, plurilingüe e intercultural, (iv) equidad de pueblo y de interculturalidad, (v) Integralidad, independencia e interseccionalidad de los derechos humanos, (vi) justicia epistémica y cognitiva, (vii) territorialidad, (ix) progresividad de los derechos humanos.  

La política busca fortalecer y articular los mecanismos de protección existentes, entre ellos:

• La instancia de análisis de ataques contra personas defensoras de derechos humanos
• La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público
• La Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El ente rector de la política es el Ministerio de Gobernación, a través de un Consejo Coordinador, mientras que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) actúa como Secretaría Técnica.

Participan como corresponsables, en el ámbito de sus competencias, diversos ministerios y entidades del Estado, incluyendo los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, Educación, Energía y Minas, Salud, Trabajo, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas, entre otros.

El periodo de ejecución de esta política es entre 2025 y 2035 y entre sus diversas metas, se destacan la presentación de una iniciativa de ley para la protección de PDDH y la elaboración de un informe anual sobre la situación de PDDH, además dela creación de un sistema de alerta temprana interinstitucional de prevención de agresiones a PDDH.

La política da cumplimiento a las medidas de garantía de no repetición establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 28 de agosto de 2014, Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala, y fue formulada mediante un proceso participativo que involucró a personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales.