Esta publicación aborda la relación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, y el sector minero, de modo de identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas en el caso peruano, que contribuyan a mejorar los marcos normativos e institucionales tanto del país como de la región en su conjunto.