“III.- Del acceso a la información en materia ambiental. Previo a resolver el fondo de este amparo, conviene recordar que en materia ambiental, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo en 1972 se proclamaron varios principios, entre los que destaca el Nº 23: "Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización". Además, en materia ambiental, esta Sala ha desarrollado el tema de la injerencia, acceso y límite a la información que pueden tener los particulares refiriéndose a diversos instrumentos de carácter internacional que buscan que todas las personas puedan tener un papel activo y no sólo informativo, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente”. “La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su parte, en el documento denominado “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe”, señala que el acceso a la información ambiental abarca dos elementos centrales: por una parte, la generación de información sobre el ambiente y, por otra, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información con que cuentan las autoridades públicas y, por ende, la obligación de los gobiernos de poner la información a disposición de todos de manera fácil y accesible”.

“V - Principio internacional de máxima divulgación y obligación de transparencia activa. Es con base en el principio 10 de la Declaración de Río citado en las sentencias en materia ambiental parcialmente transcritas en el Considerando anterior, que se hace énfasis en la necesidad de que los ciudadanos participen activamente en los asuntos relacionados y puedan además tener acceso a la información sobre el medio ambiente, que está en poder de las autoridades públicas”. “A la luz del pronunciamiento de la CIDH que reafirma el principio de máxima divulgación de la información en materia ambiental, esta Sala dispone en primer lugar desaplicar la posición asumida en la sentencia número 2002-05000 de las 10:13 horas del 24 de mayo de 2000, que dispuso que no rozaba el derecho a la información consagrado en el artículo 30 constitucional, guardar bajo secreto la documentación técnica en poder de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente y Energía, en atención a lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento al Código de Minería, que es Decreto Ejecutivo 29300-MINAE. Ello porque las consideraciones que ahí se indican quedan superadas a la luz del instrumento internacional que es la Convención de Aarhus y la OC-23 del 15 de noviembre de 2017 de la CIDH, según los cuales no se puede condicionar y restringir el acceso a la información ambiental, pues ello supone poner en riesgo los derechos humanos relacionados con el ambiente”.