Esta ley tiene como objeto reconocer, fomentar y proteger las lenguas nativas en Colombia. Para ello, establece el derecho a emplear las lenguas en actuaciones y gestiones ante órganos de la administración pública.

El decreto regula la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia cuando la actividad o proyecto se pretenda desarrollar en zonas indígenas o afrodescendientes o habitadas regular y permanentemente por dichas comunidades susceptibles de ser afectadas.

La ley establece el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental, el Consejo Nacional de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales en Colombia,  regulando a su vez la participación y la compensación de daños al ambiente.

La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que se garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.