Esta resolución exenta del Ministerio del Medio Ambiente aprueba el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030.  

El objetivo del protocolo es establecer medidas de coordinación entre instituciones para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, con el fin de garantizar que puedan llevar a cabo sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos en un entorno seguro y favorable en Chi

La Ley crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Servicio) cuyo objetivo es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural de Chile a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, además, integra medidas

La Ley establece la gobernanza climática, facultades y obligaciones de los organismos del Estado de Chile para la acción climática, y establece la meta de carbono neutralidad y la resiliencia para el 2050.

La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el instrumento orientador de la política climática de Chile para alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI y aumentar su resiliencia a más tardar al 2050.

La Ley crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

La construcción de la política energética de Chile Energía 2050 incluyó un amplio proceso participativo que contempló además la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica, ejercicio inédito en la elaboración de políticas en Chile.

Este decreto supremo tiene por objeto dar ejecución al ejercicio del derecho de consulta a los pueblos indígenas, el cual se realiza a través de los procedimientos establecidos.

El reglamento regula el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, en adelante RETC, que es una base de datos accesible al público, destinada a capturar, recopilar, sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminante

La ley crea los tribunales ambientales como órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, establece su jurisdicción y funcionamiento para resolver las controversias medioambientales de su competencia.
 

La ley tiene como eje central la participación ciudadana en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en Chile.

Esta política es un instrumento que intenta dar respuesta a las demandas educativas para el desarrollo sustentable, planteadas tanto para la educación formal como para la no formal e informal.

La ley tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y los casos de excepción a la obligación de publicidad de l

La ley establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

La Constitución Política de la República de Chile reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece que procederá el recurso de protección cuando este derecho sea afectado.