Esta la ley establece el marco general normativo que permite planificar y responder, de manera urgente, coordinada y sostenida, a los impactos del cambio climático.

El decreto establece un marco general para la protección y promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos, comprendiéndose entre estos el consagrado en la Constitución política de Brasil, respecto del derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.