Esta ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.

Esta ley tiene por objeto regular el reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka en Guatemala.

La ley tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas en México.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

Mediante la Ley No. 9.795 se instituye la Política Nacional de Educación Ambiental como un componente esencial y permanente de la educación nacional, debiendo estar presente en todos los niveles y modalidades del proceso educativo formal y no formal.

El decreto regula la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia cuando la actividad o proyecto se pretenda desarrollar en zonas indígenas o afrodescendientes o habitadas regular y permanentemente por dichas comunidades susceptibles de ser afectadas.

La ley establece los principios y normas básicas para la protección, (conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales.

La ley tiene por objeto conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos en Costa Rica, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivado.

La ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes tomando los principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica, así como promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la...

La ley establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.