Toda persona natural tiene derecho a acceder a la información de interés público, este comprende todo dato o documento en control o archivado bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y que sea necesario para la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública. El solicitante deberá identificarse y expresar los motivos que justifican la solicitud.

Las disposiciones de esta ley son aplicables a los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las organizaciones del Poder Popular cuando actúen en una función administrativa o cuando presenten un servicio público.

Se debe entregar la información en un plazo de 20 días hábiles, en el caso de que se requiera una búsqueda o revisión de un gran número de documentos, visitar oficinas físicamente separadas de la que recibió la solicitud o se requiera consultar con otros sujetos obligados, se podrá prorrogar la entrega por otros 20 días hábiles.

La Defensoría del Pueblo ejercerá la promoción, defensa y vigilancia del derecho de acceso a la información de interés público.

Si no se recibe la respuesta en el plazo establecido o se niega la información solicitada, procederá un recurso administrativo. También se podrá interponer una acción ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.