Se entiende por economía circular a todo el ciclo de vida de los bienes, procurando eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso. 

Se entiende por principio de responsabilidad extendida del productor a la participación de los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores en las etapas del ciclo de vida de los recursos. Esta regulación promueve que dichos actores fabriquen o utilicen productos o envases con criterios de ecoeficiencia que minimicen la generación de residuos y/o faciliten su valorización aprovechando los recursos en forma sostenible y reduciendo al mínimo su impacto sobre el ambiente. 

La valorización de los residuos municipales y no municipales se sustenta en el sistema de recolección selectiva y en el régimen especial de residuos de bienes priorizados de acuerdo con las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor.

Dicha regulación establece que la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, por lo que requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades. Asimismo, indica que dicha gestión deberá estar orientada a establecer un sistema de responsabilidad compartida desde la generación hasta su disposición final, tal como la responsabilidad extendida de las empresas. 

La gestión integral de residuos deberá estar orientada a promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado.

Los planes de residuos que diseñen e implementen las municipalidades deben tener un enfoque de género e inclusión social, así como la promoción del empleo local. Las municipalidades deben proporcionar información sobre el grado de formalización de las asociaciones de recicladores. 

Los recicladores o asociaciones de recicladores formalizados deben integrarse a los sistemas de gestión y manejo de residuos sólidos no peligrosos municipales, bajo la supervisión y fiscalización de las autoridades municipales. 

Se deberá fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión  y el manejo de los residuos sólidos. Para ello, las municipalidades deben proporcionar información y evaluar permanentemente los resultados en su gestión, que incluyan: cobertura de los servicios de limpieza pública y recolección selectiva, disminución de la cantidad de residuos, incremento de los procesos de valorización, entre otros. 

Es responsabilidad del Ministerio de Ambiente el desarrollo de criterios para la formulación y evaluación del impacto ambiental para los proyectos de inversión en la gestión integral de residuos municipales y no municipales. 

Los contratos de prestación de servicio de limpieza pública deben seguir criterios técnico-sanitarios y ambientales, sea que se realicen bajo modalidad de concesión o cualquier otra legalmente permitida. 

Las autoridades indicadas deben realizar acciones dirigidas a sensibilizar y capacitar a la población con el objetivo de alcanzar un alto grado de conciencia, educación y cultura ambiental. Estas acciones permitirán la incorporación de consideraciones ambientales y de sustentabilidad en sus decisiones de consumo, involucrarse activamente en la minimización, separación en fuente y manejo adecuado de los residuos, contribuir a la sostenibilidad de los servicios de limpieza a través de pagos de arbitrios, y colaborar activamente en las estrategias de valorización de residuos y de responsabilidad extendida del productor.