La ley reglamenta el derecho constitucional a obtener información pública y crea los mecanismos que permiten que cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de demonstrar interés alguno, pueda recibir información pública de los órganos y entidades señalados.

Esta ley regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos.

La ley tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado en El Salvador.