La ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Esta ley regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas en Panamá, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos.