El decreto establece un marco general para la protección y promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos, comprendiéndose entre estos el consagrado en la Constitución política de Brasil, respecto del derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.

Esta ley regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas en Panamá, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos.