The Tobago House of Assembly expressly endorsed the contents of a document entitled “Framework for Identifying and Communicating with the Affected Users of BHP Billiton‘s (BHPB) 2014 Deep Water Seismic Survey Area” submitted to the Environmental Management Authority without consultation with the...

La ley establece los principios y regulaciones necesarios para planificar, prevenir y responder de manera adecuada, coordinada y sostenida a los impactos que genera el cambio climático en Honduras.

Un miembro de la comunidad raizal solicita la protección del derecho fundamental a la consulta previa y la integridad cultural de los integrantes de su comunidad que habitan en la isla de Providencia alegando la falta de participación en el desarrollo de un proyecto turístico en la isla, a...

The Nagoya Protocol, in force since October 2014, is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity (CBD). Its objective is to achieve fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources.

An environmental non-governmental organization challenged the construction and operation of a cruise passenger destination which included a captive marine mammal facility at Blackbeard’s Cay off the Northern Coast of New Providence.

A multinational company applied for permission to engage in exploratory oil drilling in the Sarstoon Temash National Park. The Environmental Impact Assessment for the proposed project was subject to a public consultation, held by the Department of Environment on 25 October 2012.

La ley tiene por objeto establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en Guatemala.

En el año 2010 el Estado Mexicano impulsó el proyecto “Acueducto Independencia” que pretendía trasvasar alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua desde la presa “El Novillo” –ubicada en la cuenca del Río Yaqui- hasta la cuenca del Río Sonora, para la ciudad de Hermosillo.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a...