Este decreto supremo tiene por objeto dar ejecución al ejercicio del derecho de consulta a los pueblos indígenas, el cual se realiza a través de los procedimientos establecidos.

La ley tiene como eje central la participación ciudadana en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en Chile.

Esta política es un instrumento que intenta dar respuesta a las demandas educativas para el desarrollo sustentable, planteadas tanto para la educación formal como para la no formal e informal.

La ley establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

La Constitución Política de la República de Chile reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece que procederá el recurso de protección cuando este derecho sea afectado.