La Constitución Dominicana reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos debiendo proteger la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.

Esta ley tiene como objeto reconocer, fomentar y proteger las lenguas nativas en Colombia. Para ello, establece el derecho a emplear las lenguas en actuaciones y gestiones ante órganos de la administración pública.