El decreto establece un marco general para la protección y promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos, comprendiéndose entre estos el consagrado en la Constitución política de Brasil, respecto del derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.

El Ministerio Público de Minas Gerais ejerce acción civil pública con el fin de obtener la responsabilidad por daños ambientales causados por la deforestación de vegetación nativa.

Vicente da Silva Rodrigues y otros, interponen recurso especial impugnando la sentencia del Tribunal Estatal de Justicia de Sao Paulo.

La ley reglamenta el derecho constitucional a obtener información pública y crea los mecanismos que permiten que cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de demonstrar interés alguno, pueda recibir información pública de los órganos y entidades señalados.

Este decreto promulga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Esta Ley establece el acceso público a los datos e informaciones ambientales de que disponen los órganos y entidades del Sistema Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Sisnama).

La Constitución de la República Federativa del Brasil garantiza el derecho de todos a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para la salud y la calidad de vida, correspondiendo al poder público y a la colectividad su defensa y preservación para las...

La Ley establece la Política Nacional de Medio Ambiente de Brasil, sus fines y mecanismos, constituye el Sistema Nacional de Medio Ambiente y establece el Registro de Defensa Ambiental.