Esta publicación aborda la relación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, y el sector minero, de modo de rescatar buenas prácticas y recomendaciones que permitan profundizar en la gestión sostenible de los recursos mineros y en la prevención de los conflictos socioambientales y promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia.