Se garantiza a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, entendiéndose por ésta aquella que es producida o que está en poder de las fuentes públicas.

Se entenderán que son fuentes públicas el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas de la Nación, la Contraloría General de la República, el Banco Central, las entidades financieras del Estado, las universidades nacionales, los gobiernos departamentales y municipalidades, entre otros.

15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación. 

Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del público como mínimo la siguiente información: su estructura orgánica; las facultades, deberes y funciones de sus órganos; el marco normativo que los  rija; una descripción general del proceso de toma de decisiones; convenios y contratos celebrados; mecanismos de participación ciudadana; entre otros. Asimismo se regula en detalle las informaciones mínimas que deben entregar el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

En caso de denegación de la solicitud de acceso a la información pública, procede el recurso de reconsideración para que la misma autoridad examine nuevamente el asunto. Además, interpuesto o no el recurso antedicho, el solicitante podrá acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia.