Esta ley regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos.

Esta ley tiene por objeto el precisar el alcance de los derechos y garantías individuales y colectivas que, en materia lingüística, se establecen en la Constitución Política del Perú.

La ley tiene como eje central la participación ciudadana en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en Chile.