La ley tiene como eje central la participación social en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en Bolivia. La ley establece el marco general de la participación y control social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio.

El decreto tiene por objeto reglamentar el proceso de consulta previa que llevará a cabo la Secretaría de Hidrocarburos de manera obligatoria mediante la determinación de mecanismos de participación; identificación de los actores que intervendrán; de los procedimientos administrativos; de los...

La ley crea los tribunales ambientales como órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, establece su jurisdicción y funcionamiento para resolver las controversias medioambientales de su competencia.
 

La ley establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en México.

La ley tipifica como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e impone las sanciones penales en la República Bolivariana de Venezuela.

La Estrategia Nacional de Desarrollo es resultado de un proceso de concertación de múltiples actores para definir qué país desean tener los dominicanos y las dominicanas para el año 2030. Aspira a la construcción de un país próspero, de una democracia participativa y a la justicia social.

La ley reglamenta el derecho constitucional a obtener información pública y crea los mecanismos que permiten que cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de demonstrar interés alguno, pueda recibir información pública de los órganos y entidades señalados.

Esta ley regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos.

La ley tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado en El Salvador.