La ley tiene por objeto establecer metas y medidas mínimas para alcanzar la carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono en Colombia.
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Policy Instruments
La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el instrumento orientador de la política climática de Chile para alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI y aumentar su resiliencia a más tardar al 2050.
La Política Nacional del Ambiente impulsa el cuidado de la naturaleza y de los ecosistemas, así como de sus bienes y servicios, promoviendo acciones frente al cambio climático, la reducción de la deforestación y contaminación, y para fortalecer la gobernanza y la educación a fin de mejorar el...
The Green State Development Strategy: Vision 2040 is Guyana’s twenty-year, national development policy that reflects the guiding vision and principles of the ‘green agenda’: “An inclusive and prosperous Guyana that provides a good quality of life for all its citizens based on sound education and...
La ley tiene como eje central la participación social en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en Bolivia. La ley establece el marco general de la participación y control social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio.
El decreto tiene por objeto reglamentar el proceso de consulta previa que llevará a cabo la Secretaría de Hidrocarburos de manera obligatoria mediante la determinación de mecanismos de participación; identificación de los actores que intervendrán; de los procedimientos administrativos; de los...
La ley tiene como eje central la participación ciudadana en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en el Ecuador.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y sin riesgos.
La ley tiene por objeto conservar la diversidad biológica en todos los ecosistemas de Venezuela para alcanzar el mayor bienestar colectivo en el marco del desarrollo sustentable.
La Constitución del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.