La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que se garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Este decreto promulga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

La Constitución de la República Federativa del Brasil garantiza el derecho de todos a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para la salud y la calidad de vida, correspondiendo al poder público y a la colectividad su defensa y preservación para las...

La ley establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

This Act provides for the better management and development of the natural and historic resources of Saint Kitts and Nevis for purposes of conservation. 

La Constitución Política de la República de Nicaragua señala que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable y que es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.

La ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes en Guatemala.

La Constitución de Guatemala establece la publicidad de los actos administrativos y el derecho de acceso a estos documentos de los interesados. El derecho a participar se reconoce en el marco de las libertades de reunión y asociación.

La Constitución de El Salvador garantiza el acceso a la información y a la participación en el marco de las libertades de expresión, reunión y asociación. Establece, además, mecanismos de reparación y acceso a la justicia en caso de vulneración de derechos constitucionales.

La Constitución de Honduras reconoce el derecho a la información en el marco de la libertad de expresión. Se garantizar los derechos de reunión y asociación y se declaran punibles los actos que prohíban o limiten la participación del ciudadano en la vida política del país.